La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cerró la puerta a cualquier intento de modificar una de las políticas que más afecta el derecho a la libertad de educación: la facultad de los establecimientos particulares subvencionados de concretar sus proyectos educativos y el derecho de los padres a escoger el colegio de sus hijos e hijas.