Por Guido Crino T. Presidente Nacional, FIDE.
Cuando estamos ad portas de contar con una nueva Constitución, se escucha con fuerza un discurso que manifiesta la necesidad de “fortalecer la educación pública”. ¿Será el masivo desplazamiento de su matrícula hacia la educación particular subvencionada, producto del desencanto de las familias que postulan a sus proyectos educativos, lo que ha impulsado esta iniciativa?
En FIDE estamos convencidos que, en un sistema de provisión mixta como el nuestro, la educación pública es un bien en sí, que se debe perfeccionar con el fin de contar con un sistema educativo que permita a todas y todos los estudiantes acceder a una formación integral y de calidad, que atienda a la diversidad cultural de nuestra sociedad con distintos proyectos educativos.
Al propósito de fortalecer la educación pública obedecieron, en gran medida, las reformas educativas de la administración de Michelle Bachelet, destacando dos: el sistema de desarrollo profesional docente y la implementación de un nuevo sistema de educación pública de naturaleza estatal.
Un examen actualizado a la educación, muestra la tendencia a estructurar modelos que conceden bastante autonomía a la gestión de los establecimientos educacionales; sin embargo, en el caso nuestro, advertimos una excesiva burocratización y un manejo centralizado del sistema que no se condice con la experiencia internacional.
La propuesta legislativa que instala la nueva educación pública dispone de finalidades educativas de valor indudable, pero al plantear fines con altos grados de idealización, sin que se cuente con los medios apropiados para lograrlos, puede conducir a un fracaso. Ejemplo de esto, es la creencia de que la reestructuración administrativa y territorial del sistema educativo, junto con mejorar la gestión administrativa y financiera, aprovechando las ventajas de una economía de escala, facilitaría la generación de mejores prácticas en la gestión pedagógica, lo que corregiría las deficiencias de la educación municipalizada, cosa que no ocurrió.
Para resolver este problema se requiere realizar una investigación que permita despejar toda una serie de interrogantes que, extrañamente, hasta ahora nadie ha intentado realizar como: cuáles son las razones que explican el progresivo éxodo de alumnas y alumnos desde la educación municipal hacia la particular subvencionada, y que no se ha detenido con las reformas implementadas. En una perspectiva sociológica ¿Se debe a un proceso automático de segregación social o académica impulsada por la búsqueda de estatus? En una dimensión pedagógica, influye un concepto amplio de calidad educativa, que va más allá de los indicadores de las pruebas estandarizadas. ¿Está vinculado este problema a la ausencia de una mística institucional, asociada a un sentido de pertenencia de quienes son actores de la gestión educativa en los establecimientos municipales y estatales? ¿Se asocia al contexto que caracteriza la convivencia escolar en los establecimientos educacionales del sector público?
Las conclusiones que puedan obtenerse de un estudio que aborde estos y otros temas, serían de indudable utilidad para proporcionar información necesaria al diseñar e implementar políticas educacionales que permitan resolver gradualmente los problemas planteados y contribuir efectivamente al fortalecimiento de la educación pública.
Lograrlo es un imperativo para un sistema de provisión mixta, donde la colaboración debe reemplazar a la competencia entre los sectores particular y público, porque va en beneficio de la calidad de los miles de alumnas y alumnos que se educan en el sistema escolar de nuestro país.
