Cuando una crisis de confianza afecta a las principales instituciones de nuestro país, resalta más que nunca el valor de los principios para hacer presente nuestra postura frente a decisiones fundamentales que se debaten en el espacio público.
En situaciones como las que nos corresponde vivir, en que nuestra patria aborda un proceso constituyente que definirá el sistema político y el modelo de sociedad que los chilenos plasmaremos en una nueva constitución política, quienes formamos parte de FIDE, tenemos el deber y derecho de participar en este proceso, preguntándonos cómo concebimos el futuro del sistema educacional de nuestro país, cuál es el rol que le corresponde al Estado en este ámbito de su gestión y cómo concebimos los derechos a la educación y libertad de enseñanza.
Concebimos a la Educación como un derecho inherente a la persona, en procura de su formación integral, derecho y deber de naturaleza obligatoria, que reviste el carácter de bien público estratégico, para cuya provisión deben concurrir, tanto la educación de dependencia pública como subvencionada, con el mismo derecho a recibir del Estado un trato igualitario en materia de financiamiento.
La Constitución Política, debe establecer para todos los ciudadanos el carácter obligatorio de la enseñanza, desde el primer nivel de transición hasta el nivel de egreso de la enseñanza media. Ese deber será legalmente exigible, conforme a una ley que lo regule, siendo los padres de la y los estudiantes corresponsables de su cumplimiento.
En referencia al rol del Estado en Educación, le corresponde asegurar que todas las personas sin exclusiones, acceder, progresar y egresar de un sistema educacional, consagrado históricamente, como de provisión mixta.
El Estado, debe asegurar la educación como un derecho social, con pleno resguardo de la libertad de enseñanza y, contenida en ésta última, la libertad de los proyectos educativos diversos y la libre elección de los mismos, por ello en el caso de los establecimientos educacionales particulares que lo soliciten el Estado debe financiar este servicio, con exigencia de rendición de cuentas, para que se garantice que se destinan dichos recursos exclusivamente a fines educativos.
El Estado, debe respetar el derecho de las personas a contribuir al financiamiento de la educación de sus hijas e hijos, si optan por escoger para su educación, un establecimiento educacional de dependencia particular pagada. Vulnerar el derecho de los particulares a establecer un proyecto educativo que se financia exclusivamente con el aporte de los padres, y de estos, a invertir en la educación de sus hijas e hijos, sería afectar de lleno, tanto el derecho a la educación, como la libertad de enseñanza.
Concebimos un Estado, que asegure a cada una de las personas que acceden al sistema educacional, la entrega de un servicio de calidad probada, con pleno resguardo de la equidad y promoción de la integración social y cultural, para cuyo efecto debe disponer del sistema del financiamiento fiscal que sea necesario para garantizar una educación de calidad.
Al Estado, le corresponde esencialmente cautelar el ejercicio de ese derecho, promoviendo y facilitando la existencia de una diversidad de propuestas educativas con oferentes públicos y particulares, que respondan a las diferentes concepciones antropológicas y visiones de mundo presentes en las personas que forman parte de nuestra sociedad. Vale la pena recordar, que no existe una “educación neutra”, toda gestión educativa, incluyendo aquella que se postula como laica, conlleva una determinada concepción antropológica y una cosmovisión específica.
En un régimen democrático que se precie de tal, en un país caracterizado por una sociedad étnica y culturalmente diversificada, donde coexisten distintas visiones del mundo, son las personas, que tienen indudable primacía sobre el Estado, a quienes les corresponde escoger el proyecto educativo que quieren para sí mismo o para sus hijos. Son las personas las que deben decidir, en ejercicio irrestricto de su libertad, si desean una educación oficial provista por el subsistema público, o una diversificada provista por el subsistema particular.
Al Estado le corresponde asegurar que todas las personas accedan, progresen y egresen de un sistema educacional, consagrado históricamente, como de provisión mixta. Al Estado, le corresponde esencialmente cautelar el ejercicio de ese derecho, promoviendo y facilitando la existencia de una diversidad de propuestas educativas con oferentes públicos y particulares, que respondan a las diferentes concepciones antropológicas y visiones de mundo presentes en las personas que forman parte de nuestra sociedad. Vale la pena recordar, que no existe una “educación neutra”, toda gestión educativa, incluyendo aquella que se postula como laica, conlleva una determinada concepción antropológica y una cosmovisión específica.
Al Estado le corresponde definir las bases curriculares que deben servir de base para diseñar proyectos educativos que respondan a los requerimientos de una sociedad caracterizada por su diversidad cultural, pero que, a la vez, se presenten como un instrumento de integración social y cultural, que consolide los valores del ser nacional, como contrapeso al proceso de globalización.
También al Estado le corresponde establecer un sistema de evaluación estandarizada que asegure que, todos aquellos que proveen educación, lo hagan haciéndose responsables de brindar un servicio de calidad, de acuerdo a los estándares establecidos en las bases curriculares que deben responder a un mínimo común educativo, válido para todo el sistema escolar.
En materia de política educativa, las decisiones que afectan la estructura, financiamiento, propósitos y gestión del sistema educacional de nuestro país, para tener validez y eficacia deben guiarse por el principio de que el núcleo de calidad de la enseñanza y aprendizaje, se define en el aula, en la relación educativa del que enseña y el que aprende y ello depende de la calidad humana y profesional del docente; eso a su vez, se encuentra en íntima relación con las características que haya tenido su proceso formativo y se puede ejercitar positivamente, cuando las condiciones laborales, el clima organizacional y la retribución por su trabajo son adecuados.
En procura de la equidad, progresivamente los establecimientos educacionales con apoyo del Estado, deberían promover un cambio en la cultura escolar y contando con una dotación significativa de recursos humanos y financieros adicionales atender a aquellos alumnos provenientes de contextos socioeconómicos y culturales vulnerables y también a aquellos con necesidades educativas especiales.
Debe ajustarse en forma irrestricta a las normas jurídicas que regulan la gestión del sistema educativo respetando en la letra y el espíritu el marco normativo establecido en nuestra Carta Fundamental y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, en materia del derecho a la educación y libertad de enseñanza.
Superando las divergencias ideológicas de quienes tienen la responsabilidad de su diseño, deben estructurarse contando con la participación de todos los actores que forman parte del sistema educativo, como el fruto consensuado de Políticas de Estado. Resulta indiscutible el beneficio que esto trae consigo en términos de seguridad y estabilidad, para quienes tienen la responsabilidad de conducir la gestión educativa.
Por último, deben someterse a continua evaluación con el propósito de verificar si en la práctica se adecúan a los propósitos que se tuvieron en vista para su diseño, y de ser necesario, para proporcionar a quienes corresponden las decisiones, los antecedentes adecuados para su reformulación.
Guido Crino T.
Presidente Nacional, FIDE
